La ausencia de medios para compensar el parón total de la actividad en los bares y restaurantes de la provincia ordenado por la Junta de Andalucía empeora aún más el estado del sector, con descensos de facturación del 80% y una situación de emergencia.
La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) denuncia que el nuevo cierre obligado por la Junta de Andalucía de todos los establecimientos de la capital, que entrará en vigor el miércoles 3 de febrero y que se suma a los de numerosos municipios de la provincia, es una muestra más del maltrato y abandono que sufre el sector por parte de las instituciones públicas. Por este motivo, prepara acciones judiciales para reparar el perjuicio económico y de imagen que sufre desde hace casi un año.
En este sentido, Mahos quiere hacer constar que las nuevas decisiones se toman en contra de los datos que maneja el propio Gobierno de España, que establecen un índice de contagios mínimo (inferior al 3%) en los establecimientos hosteleros y una dominancia de las reuniones privadas y familiares del 80%.
Ante esta realidad, la hostelería denuncia indefensión por ser un sector que aplica unas estrictas medidas sanitarias, de higiene y de aforo desde el inicio de la pandemia; y sin embargo no encuentra la protección económica y de imagen entre las instituciones.
El último ejemplo es el del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Gobierno de España, Fernando Simón, que sin ofrecer ningún dato ha arremetido contra la hostelería a pesar de las propias evidencias de su departamento. Esto le ha valido la censura de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, a la que pertenece Mahos, que ha denunciado el comportamiento de Simón basado en datos falsos.
No al cierre sin compensaciones económicas
En este sentido, el presidente de Mahos, Javier Frutos, ha asegurado que este cierre gubernamental decretado por la Junta de Andalucía y que durará al menos 14 días “no se puede llevar a cabo sin compensaciones económicas que protejan a empresarios y trabajadores ante un escenario de imposibilidad de trabajar”.
Este cierre impuesto es igualmente responsabilidad del Gobierno de España, por desentenderse de la gestión de la pandemia y delegar toda decisión en las comunidades autónomas, como de la Junta de Andalucía, por establecer un cierre arbitrario a un sector que sigue demostrando que es seguro y que no es responsable de los contagios.
La hostelería ofrece seguridad y está convencida de que la regulación horaria y de aforos que ya ha aplicado en su manera de trabajar –y que ha supuesto un importante recorte de su rentabilidad y de su capacidad para mantener empleo– ha demostrado que mantiene a raya los contagios.
En este sentido, Mahos plantea a la Junta de Andalucía, cuando tenga lugar la reapertura, establecer un sistema de registro de clientes que permita hacer una trazabilidad, y también como demostración de que la hostelería no es responsable de contagios. Asimismo, considera que la vacunación es absolutamente primordial porque es el único modo de remontar la crisis y poder trabajar con normalidad.
Por este motivo, una vez completados los grupos de riesgo, la hostelería se ofrece a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para ser un sector prioritario en la vacunación, por tener prácticamente al 100% de sus trabajadores de cara al público y por ser un motor económico imprescindible para salir de la crisis; y también ofrece los locales que se consideren adecuados para incrementar los ritmos de vacunación.
