Desde la hostelería de todos.org valoramos positivamente las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021, que los hosteleros llevan reclamando desde el inicio del estado de alarma. No obstante, que llegan tarde y no todo el sector va a poder beneficiarse de ellas.
Hasta la fecha, las Administraciones públicas españolas se habían alejado de este tipo de medidas, aprobadas en los países de nuestro entorno y por ello consideramos que es positivo que desde el Gobierno de España se adopten ayudas directas que eviten que cientos de miles de negocios se vean abocados a cerrar. Igualmente merece una valoración favorable el que el importe de las ayudas se realice en función de la facturación, criterio defendido por los asesores jurídicos de la hosteleríadetodos.org y que está incluido en las más de cuatrocientas (400) demandas interpuestas hasta la fecha. Este criterio está inspirado en las medidas adoptadas por la Unión Europea, particularmente por Alemania que ha otorgado hasta el 75% de la facturación del ejercicio anterior en ayudas a sectores que han sufrido cierres o grandes limitaciones en su actividad.
Sin embargo, el Real Decreto ley adolece de una falta de concreción y efectividad que impide, a fecha de hoy, hacer una valoración más precisa sobre estas medidas de ayuda, por lo tanto, es importante que los fondos se pongan a disposición de los hosteleros de forma inmediata.
Igualmente, estas medidas no respetan el principio de indemnidad. No existe una relación entre la totalidad del daño padecido y las ayudas recibidas. El Real Decreto ley excluye pérdidas muy importantes para la hostelería y empresas que no podrán beneficiarse de ella (por ejemplo, aquellos negocios que hayan podido sufrir pérdidas en el ejercicio 2019 o que se hayan visto abocados a cerrar).
En conclusión, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, desde lahosteleríadetodos.org continuaremos presentado nuevas reclamaciones contra las Administraciones públicas solicitando las indemnizaciones por los daños y perjuicios soportados como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptados durante la vigencia de los distintos estados de alarma.
