El Ayuntamiento de Sevilla se queda solo en la defensa de su reciente modificación del PGOU de la ciudad para regular las viviendas con fines turísticos. La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de la Junta de Andalucía también ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a petición de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consistorio liderado por Antonio Muñoz al considerar que se trata de una medida injustificable desde el punto de vista de su proporcionalidad.
Las acciones judiciales emprendidas por la Agencia de la Competencia de la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento de Sevilla se unen de esta forma a la posición mantenida por AVVAPro cuando en su día denunció públicamente que la modificación del PGOU de la capital andaluza “impone una serie de limitaciones y barreras a la unidad de mercado para las viviendas con fines turísticos, discriminando injustificadamente a este sector del turismo y limitando, sin causa jurídica que lo avale, el derecho a la propiedad privada”.
AVVAPro ya recurrió el 2 de septiembre ante el TSJA la Modificación número 44 del PGOU de Sevilla, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 129, de 7 de junio de 2022, y acordada en el pleno del Consistorio del pasado 28 de abril. “El Ayuntamiento modificó el punto en cuestión no cumpliendo con el procedimiento jurídicamente previsto en cuanto a la fase de consulta pública ciudadana previa. Y una vez que la realizó sin respetar plazos ni formas un 70,45% de las sugerencias se mostraron en contra de la modificación de la normativa municipal. Aún así, se obvió el resultado y se decidió seguir adelante en la tramitación de esta restrictiva norma”, asegura el equipo jurídico de AVVAPro.
“La modificación además parte de métricas que objetivamente no reflejan la situación real inmobiliaria de Sevilla. Se hace un diagnóstico sin valorar los datos de la vivienda vacía y se contradicen de manera sistemática las métricas oficiales que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística”, continúa argumentando el equipo jurídico, para quien las condiciones que plantea la modificación del PGOU “son de imposible cumplimiento en la mayoría de los casos que plantea”.
AVVAPro considera que el Ayuntamiento no tiene potestad para imponer requisitos y regular nuevas condiciones para la implantación de las viviendas con fines turísticos, en tanto solapa y aborda competencias legislativas autonómicas que no le son propias en materia de turismo. “Esta decisión supone una clara vulneración a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia”.
Tanto AVVAPro como la Agencia de la Competencia y el informe jurídico que encargó el Ayuntamiento de Sevilla advertían que la regulación debía haber impuesto, para resultar proporcionada y justa la normativa, condiciones a todos los operadores turísticos: establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos también. Finalmente sólo se ha regulado el uso de las viviendas con fines turísticos, eximiendo a hoteles y apartamentos.
Esta regulación “pone en riesgo el modelo productivo de la ciudad de Sevilla, ya que empobrece la oferta de alojamiento en un momento donde el sector juega un papel clave para la recuperación económica y anula cualquier incentivo a la inversión y a la calidad al tiempo que destruye la posibilidad de que Sevilla vuelva a los niveles de turismo de 2019. Estimamos que en este 2022 el sector va a generar 1.800 millones de euros de beneficio para toda Andalucía”, asegura el secretario general de AVVAPro, Álvaro Graciani, que añade que la medida frena futuras inversiones, perjudica la calidad del destino y empobrece la oferta turística de Sevilla.
“La norma va en contra de la profesionalización del sector y de un modelo de turismo de calidad. Las mejores viviendas de mayor precio y que atraen a clientes con mayor poder adquisitivo no son precisamente las de los bajos y primera planta”, que es lo que se va a permitir a partir de ahora con la nueva medida del Ayuntamiento de Sevilla.
AVVAPro representa a más de 65.000 plazas con fines turísticos en toda Andalucía, unas 20.000 en Sevilla. El impacto económico de este tipo de alojamientos en la ciudad en 2019 fue de 157 millones de euros, y 6 de cada 10 euros de esos ingresos se destinó a comercio de cercanía, restauración y transporte. El sector genera actualmente un empleo directo de más de 1.300 trabajadores, a lo que hay que añadir los cerca de 2.700 de empleo indirecto que acarrea. AVVAPro promueve la contribución positiva de las viviendas turísticas en la economía local a través del aumento de la competitividad y del nivel de calidad del servicio prestado a los usuarios, dotando al sector de seguridad y garantías. Los alojamientos turísticos actualmente solucionan un tipo de demanda que quiere garantías de espacio, privacidad, aislamiento social e independencia. Además, es el tipo de estancias que se buscan en el nuevo modelo de turismo de trabajo, donde los profesionales se instalan en una ciudad durante un largo periodo de tiempo para teletrabajar.
