La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso administrativo contra la modificación del PGOU de Sevilla aprobada por el Ayuntamiento en el pleno de abril de 2022 porque “impone una serie de limitaciones y barreras a la unidad de mercado para las viviendas con fines turísticos, discriminando injustificadamente a este sector del turismo y limitando, sin causa jurídica que lo avale, el derecho a la propiedad privada”.
El recurso, con fecha 2 de septiembre, se presenta contra la Modificación número 44 del PGOU de Sevilla, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 129, de 7 de junio de 2022, y acordada en el pleno del Consistorio del pasado 28 de abril. Esta decisión del equipo de gobierno del alcalde Antonio Muñoz supone un trato injustificadamente discriminatorio para el sector.
AVVAPro ya mostró en su momento su disconformidad con la modificación del PGOU y alegó que esta medida genera una gran incertidumbre en los más de 8.000 propietarios de la capital sevillana entre pymes, autónomos y familias. La medida se tomó de forma unilateral y sin consensuar ni consultar con el sector. Además, “pone en riesgo el modelo productivo de la ciudad de Sevilla, ya que empobrece la oferta de alojamiento en un momento donde el sector juega un papel clave para la recuperación económica y anula cualquier incentivo a la inversión y a la calidad al tiempo que destruye la posibilidad de que Sevilla vuelva a los niveles de turismo de 2019. Estimamos que en este 2022 el sector va a generar 1.800 millones de euros de beneficio para toda Andalucía”, asegura el secretario general de AVVAPro, Álvaro Graciani, que añade que la medida frena futuras inversiones, perjudica la calidad del destino y empobrece la oferta turística de Sevilla.
“La norma va en contra de la profesionalización del sector y de un modelo de turismo de calidad. Las mejores viviendas de mayor precio y que atraen a clientes con mayor poder adquisitivo no son precisamente las de los bajos y primera planta”, que es lo que se va a permitir a partir de ahora con la nueva medida del Ayuntamiento de Sevilla.
El cambio de calificación de los alojamientos con fines turísticos como servicio terciario de hospedaje y no como de uso residencial “no está ni justificado, ni es proporcional y tampoco es de interés general, por lo que no cumple ninguno de los requisitos que permiten su adopción, de acuerdo a la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 12 de diciembre de 2006”. Graciani añade que el procedimiento seguido para dicha modificación no cuenta con el informe preceptivo de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía sobre los eventuales obstáculos y barreras a la unidad de mercado.
AVVAPro representa a más de 65.000 plazas con fines turísticos en toda Andalucía, unas 20.000 en Sevilla. El impacto económico de este tipo de alojamientos en la ciudad en 2019 fue de 157 millones de euros, y 6 de cada 10 euros de esos ingresos se destinó a comercio de cercanía, restauración y transporte. El sector genera actualmente un empleo directo de más de 1.300 trabajadores, a lo que hay que añadir los cerca de 2.700 de empleo indirecto que acarrea. AVVAPro promueve la contribución positiva de las viviendas turísticas en la economía local a través del aumento de la competitividad y del nivel de calidad del servicio prestado a los usuarios, dotando al sector de seguridad y garantías. Los alojamientos turísticos actualmente solucionan un tipo de demanda que quiere garantías de espacio, privacidad, aislamiento social e independencia. Además, es el tipo de estancias que se buscan en el nuevo modelo de turismo de trabajo, donde los profesionales se instalan en una ciudad durante un largo periodo de tiempo para teletrabajar.
