Si estas restricciones acaban poniéndose en marcha serán necesarias indemnizaciones para los hosteleros
HOSTELERÍA DE ESPAÑA muestra su preocupación y absoluta discrepancia sobre la posibilidad de endurecimiento del semáforo COVID que está barajando el Ministerio de Sanidad ante el aumento de contagios en el país.
Desde la patronal hostelera se considera que no es entendible un semáforo sanitario mucho más restrictivo que el existente hace un año, cuando en aquel contexto aún no había recursos como los test de antígenos masivos al alcance de toda la población o no estaba el 89,1% de la población vacunada.
Una vez más, el gobierno vuelve a situar la hostelería como el foco de los contagios y desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA se denuncia de nuevo la criminalización que sufre el sector y se rechazan, tal como ha expresado hoy también el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, las medidas incomprensibles e inútiles, como la restricción por horarios, cuando, evidentemente, el virus no entiende de horarios y son otras las razones de su propagación.
Si estas restricciones acaban poniéndose en marcha, serán necesarias indemnizaciones para los hosteleros que vienen encadenando pérdidas irreparables que afectan a sus ingresos y pone en riesgo puestos de trabajo.
Además, la experiencia de hace un año demostró que la restricción en los establecimientos hosteleros avocan a un aumento del consumo en espacios privados que, tal como reconoció el Ministerio de Sanidad en sus propios informes, suponen el 15,5% de los contagios frente al 2,9% en bares y restaurantes, alcanzando un 12,6% la diferencia entre los contagios que se producían en bares y restaurantes y los que se producían en los entornos familiares.
Respecto a la implantación del Pasaporte COVID19 son los gobiernos autonómicos quienes tienen la competencia de las medidas a adoptar actualmente. De momento desde el sector hostelero se ven dificultades para implantarlo por la necesidad de personal de control en las puertas de los establecimientos, la dificultad que genera la brecha digital a determinadas edades y lo desincentivador que puede resultar para la población, y además puede ser una fuente de fraude que aún no cuenta con una regulación adecuada. Tras más de año y medio de pandemia, el legislador no lo ha regulado.
Se está tomando como referencia Europa, pero muchos países europeos están imponiendo el pasaporte COVID19 como incentivo de la vacunación (por la baja participación ciudadana) no como medida de contención de la pandemia. Este no es el caso de España donde el 89,1% de la población tiene la pauta completa y además se dispone de un elevado índice de inmunidad natural, porque son más los ciudadanos que han pasado la enfermedad en anteriores olas de la pandemia.
